Al comenzar 2026, la mayor parte del bitcoin “en manos del Estado” no responde a estrategias de inversión soberana, sino a decomisos vinculados a causas penales. Hay dos excepciones relevantes: El Salvador, con compras oficiales, y Bután, cuyo holding estatal invirtió y minó BTC. El resto —con Estados Unidos y Reino Unido a la cabeza— son carteras retenidas por autoridades tras incautaciones de gran escala.
Estados Unidos encabeza por volumen incautado: en octubre de 2025, autoridades estadounidenses informaron la mayor incautación de su historia, ligada a redes de estafas en Camboya: 127.271 BTC quedaron bajo control del Departamento de Justicia. No son “reservas” del Tesoro: son activos en custodia a la espera de procesos y eventuales liquidaciones. El dato se conoció en un anuncio coordinado con Reino Unido.
Reino Unido, por su parte, mantiene ~61.000 BTC incautados en 2018 en el caso de Yadi Zhang/Zhimin Qian. En 2025, el Gobierno británico trabajaba en el proceso para vender parte de ese stockpile, mientras los tribunales definen compensaciones a víctimas. Es, de nuevo, custodia judicial, no política de reservas del Banco de Inglaterra.
Alemania fue noticia en 2024: la policía federal (BKA) recibió casi 50.000 BTC del caso Movie2k y el Gobierno vendió prácticamente todo en julio de 2024 (ingresos cercanos a US$2.9 mil millones), reduciendo a mínimos su exposición. En 2026, Alemania no figura ya entre quienes “acumulan” BTC: aquella posición fue transitoria y se deshizo vía ventas en el mercado.
En América Latina, el único país con tenencia explícita de política pública es El Salvador. El Gobierno ha comunicado en diversas ocasiones que mantiene su posición —incluida la política de “comprar 1 BTC por día” iniciada en 2022— y llegó a reportar ganancias latentes cuando el precio superó máximos históricos. Son cifras divulgadas por el propio Ejecutivo (y reflejadas por medios financieros), por lo que los montos exactos pueden variar con el mercado y con compras/traslados posteriores.
El otro caso especial es Bután. Reportes periodísticos, basados en análisis on-chain y documentación pública, señalaron que Druk Holding & Investments —el holding estatal— llegó a concentrar del orden de 13.011 BTC, en parte por minería alimentada con hidroelectricidad. No es un decomiso, sino una exposición estratégica del holding soberano.
Por qué este mapa importa (y cómo leerlo)
- No todo “bitcoin estatal” es reserva. En EE. UU. y Reino Unido, los BTC están incautados: la prioridad legal es resarcir víctimas y cumplir sentencias. Por eso, esas carteras no funcionan como un “colchón” macro, y pueden liquidarse por mandato judicial.
- Los casos “soberanos” son pocos y acotados. El Salvador y Bután son hoy los ejemplos nítidos: el primero, por decisión de gobierno; el segundo, por una estrategia del holding estatal vinculada a inversión/minería. En ambos, la transparencia operativa no es la de un banco central tradicional; las cifras se reconstruyen con comunicaciones oficiales y análisis externos.
- Europa fue un puente pasajero. Alemania mostró cómo un gran “holder” gubernamental puede desaparecer rápidamente del ranking tras vender BTC incautados: no era una opción de balance soberano, sino el desenlace de un caso penal masivo.
