Durante los últimos años, algunos Estados pasaron de observar a probar o mantener exposición directa y legal a bitcoin: ya sea con compras soberanas, a través de vehículos estatales de inversión, o mediante pilotos oficiales.
El Salvador: compras soberanas y resguardo en “cold wallet”.
El país centroamericano ha comunicado públicamente compras de BTC a nivel soberano desde 2021. En marzo de 2024, el presidente Nayib Bukele informó el traslado de una parte sustantiva de las tenencias a una billetera fría bajo custodia estatal, divulgando además la dirección pública asociada. Reportes internacionales situaron el valor de ese resguardo por encima de US$400 millones al momento del anuncio.
Bután: inversión a través del fondo soberano (DHI).
Druk Holding & Investments (DHI)—el holding estatal que gestiona activos estratégicos de Bután—reconoció que invierte en cripto desde 2019 como parte de su cartera de capital de riesgo y tecnología, utilizando beneficios para apoyar proyectos locales. Se trata de exposición corporativa estatal formal, comunicada por la propia entidad y recogida por agencias globales.
Banco Central de Chequia: piloto con bitcoin y activos tokenizados.
La Czech National Bank (CNB) lanzó en 2025 un programa piloto de cartera (del orden de US$1 millón) para aprender operativamente sobre bitcoin, stablecoins y activos tokenizados bajo controles de cumplimiento y riesgo. La autoridad fue clara: se trata de aprendizaje y pruebas internas, no de una decisión de política monetaria, pero sí implica exposición directa y regulada en un entorno controlado.
Por volumen incautado
Estados Unidos encabeza por volumen incautado: en octubre de 2025, autoridades estadounidenses informaron la mayor incautación de su historia, ligada a redes de estafas en Camboya: 127.271 BTC quedaron bajo control del Departamento de Justicia. No son “reservas” del Tesoro: son activos en custodia a la espera de procesos y eventuales liquidaciones. El dato se conoció en un anuncio coordinado con Reino Unido.
Reino Unido, por su parte, mantiene ~61.000 BTC incautados en 2018 en el caso de Yadi Zhang/Zhimin Qian. En 2025, el Gobierno británico trabajaba en el proceso para vender parte de ese stockpile, mientras los tribunales definen compensaciones a víctimas. Es, de nuevo, custodia judicial, no política de reservas del Banco de Inglaterra.
Alemania fue noticia en 2024: la policía federal (BKA) recibió casi 50.000 BTC del caso Movie2k y el Gobierno vendió prácticamente todo en julio de 2024 (ingresos cercanos a US$2.9 mil millones), reduciendo a mínimos su exposición. En 2026, Alemania no figura ya entre quienes “acumulan” BTC: aquella posición fue transitoria y se deshizo vía ventas en el mercado.
Por qué este mapa importa (y cómo leerlo)
- No todo “bitcoin estatal” es reserva. En EE. UU. y Reino Unido, los BTC están incautados: la prioridad legal es resarcir víctimas y cumplir sentencias. Por eso, esas carteras no funcionan como un “colchón” macro, y pueden liquidarse por mandato judicial.
- Los casos “soberanos” son pocos y acotados. El Salvador y Bután son hoy los ejemplos nítidos: el primero, por decisión de gobierno; el segundo, por una estrategia del holding estatal vinculada a inversión/minería. En ambos, la transparencia operativa no es la de un banco central tradicional; las cifras se reconstruyen con comunicaciones oficiales y análisis externos.
- Europa fue un puente pasajero. Alemania mostró cómo un gran “holder” gubernamental puede desaparecer rápidamente del ranking tras vender BTC incautados: no era una opción de balance soberano, sino el desenlace de un caso penal masivo.
